Sí estimado lector, hay que desconfiar de las palabritas. En nuestro país, desde hace más de cincuenta años, los peores errores de política económica -ésos que basados en teorías económicas cantinflescas, alimentaron enorme atraso y corrupción- se envuelven con cruzadas tan empáticas como la búsqueda de mayor transparencia o equidad. En estos días, liderados por el congresista Johnny Lescano, un grupo de congresistas locales han presentado un sugestivo proyecto –cuya exposición de motivos configuraría por sí mismo un monumento al sinsentido económico- dentro del cual proponen un régimen diferenciado de control de precios para ciertos servicios bancarios.
Como el término control de precios le huele mal al común de la gente –casi todos nos acordamos de las colas, la corrupción y la irracionalidad económica que éstos generaron entre los años sesenta y los noventa-, Lescano y quienes lo secundan, nos hablan hoy de referentes nuevos como la búsqueda de la transparencia, equidad o la lucha contra los precios abusivos. Así, hoy día nos ofrecen comisiones bancarias baratitas (a precio cero), bajo la figura de eliminar arbitrariamente el cobro de un servicio. Algo muy simpático para cualquiera.
Para empezar, los congresistas -basados en un criollísimo olfato político digno de mejor causa- tergiversan las cosas y plantean como fondo de la historia una suerte de conflicto entre los pequeños (a los que los burócratas deben proteger) y los grandes y abusivos (las empresas bancarias). Esta presentación, debe tenerse muy en cuenta, es engañosa hasta la médula.
Hablan de eliminar cobros o comisiones por determinados servicios bancarios como los pagos anticipados, la disposición de efectivo, el mantenimiento, los gastos administrativos o ciertas transacciones por ventanilla. El servicio ofertado no existe y punto. Aquí no importan ni el consumidor, ni el vendedor. Solo los congresistas y su ley deciden. Y ellos sostienen verticalmente, vía una ley, que el cobro no existe. Como el servicio sí existe, lo único que plantean realmente es un vulgar control de precios a ciertos servicios bancarios y a un nivel de cero.
En el fondo solo se trataría de beneficiar al consumidor actual con precios cero (eliminar legalmente el cobro). Como todo híbrido de control de precios, esta práctica es tan popular como económicamente inconveniente. Simple y sencillamente porque, como usted lo aprendió en los ochenta, los controles de precios racionan. Aparecen las colas y la irracionalidad por todos lados. Si usted a través de precios controlados a nivel populista castiga el negocio de los bancos, estos reducirán su oferta y si lo hacen diferencialmente –como es el caso del proyecto Nº184/2006- la oferta desaparecerá primero en los sectores a los que se pretende beneficiar (por debajo de una o media UIT). Y, como siempre, quien pagará la cuenta no va a ser el demagogo. Como siempre, seremos todos los peruanos.
Pero y si tienen razón ¿Y si los bancos infringen la competencia? Pues para eso no está el buen Johnny, para eso están los burócratas del indecopi. Para castigar oportuna e implacablemente toda infracción fundada al consumidor o a la libre competencia. Aún si alguien desconfiara del comportamiento del Estado –el Indecopi- nada fundamenta destruir el funcionamiento de mercado añadiendo un absurdo control sobre el mercado. Entendámoslo: esto a quien daña siempre es a quien se dice proteger: al pueblo. Tengámoslo muy en cuenta. Los controles de precios nunca dañan a los banqueros. Algunas veces hasta les termina legalizando precios monopólicos.
Por todo ello, no. El enésimo proyecto del congresista Lescano no proporciona transparencia. Facilita e incentiva la corrupción, porque cuando el precio es fijado por un burócrata los incentivos tienden a ser perversos. Tampoco proporciona equidad. Un control de precios que castigue –con un precio artificialmente bajo- la oferta de servicios bancarios y sus modalidades de pago anticipado, sus transacciones por ventanilla, la disposición de efectivo, o el mantenimiento y otros gastos administrativos de una cuenta, solo deprimirá el acceso de los más pobres a los servicios financieros. Esto implicará aún mayor exclusión.
Sin embargo, cabe destacarse que es altamente probable que los congresistas proponentes de tan popular idea sí conozcan esta realidad. Pero que, cegados por la ideología o la necesidad de presentarse públicamente defensores de los consumidores y enemigos de los banqueros, prevalezca su interés personal a lo que los peruanos conocemos bien. Nadie nos da más que la libre competencia. Los controles de precios –aún los engañosamente envueltos por románticas búsquedas de equidad o transparencia- siempre le robarán al pueblo.

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